La aclaración del Vaticano sobre la falta de sentencia contra el expulso jesuita reabre una herida abierta. Entre la rigidez de las leyes eclesiásticas sobre adultos y la demanda de justicia de las víctimas, la comunicación del Pontificado se enfrenta a una de sus pruebas de fuego más complejas.
Por la redacción de Descifrando a León
La comunicación vaticana no suele emitir desmentidos sin una razón de peso subyacente. Cuando la Oficina de Prensa de la Santa Sede salió a aclarar públicamente que el Colegio de Jueces todavía no ha emitido una sentencia en el proceso canónico contra el sacerdote y artista exjesuita Marco Iván Rupnik, no solo acalló la ola de rumores que circulaba en los medios internacionales; también abrió la puerta a una de las discusiones jurídicas, pastorales y de comunicación más complejas y dolorosas que enfrenta la Iglesia católica en la actualidad.
El caso de Rupnik —acusado de graves abusos psicológicos, espirituales y sexuales a lo largo de tres décadas contra decenas de mujeres consagradas— se ha convertido en un símbolo de las tensiones existentes entre el marco jurídico tradicional de la Iglesia y las expectativas de justicia de la sociedad contemporánea. La reciente aclaración vaticana subraya un aspecto clave: el tribunal eclesiástico está examinando la documentación procedente de las diócesis implicadas, de la Compañía de Jesús, de la prensa y de los testimonios de las víctimas, juzgando los hechos bajo el prisma estricto del Derecho Canónico.
Sin embargo, como se analizó detalladamente en el podcast de Juan Diego Network, Descifrando a León, esta explicación procesal deja al descubierto vacíos legislativos que amenazan con empañar el inicio del pontificado y socavar la confianza en la justicia eclesial.
Un juzgamiento estrictamente canónico: ¿Qué se está juzgando realmente?
Para comprender la posición de la Santa Sede es imprescindible distinguir entre un proceso penal civil y un procedimiento canónico. El tribunal designado no está aplicando un código penal de un Estado, sino examinando infracciones específicas contra los sacramentos y las obligaciones inherentes al sacerdocio.
Javier Martínez-Brocal, el experto vaticanista, enfatizó la naturaleza técnica del proceso al señalar la cautela con la que el Vaticano ha abordado esta fase:
“Lo que los jueces están viendo es qué delitos ha cometido contra los sacramentos o qué delitos ha cometido contra el sacerdocio. Delitos, no pecados, que son conceptos distintos dentro del ordenamiento canónico. El criterio que siguen los jueces es el del derecho canónico actual, no el de un código civil”.
Esta precisión no es menor. Gran parte de las acusaciones vertidas sobre el sacerdote esloveno se refieren al abuso de autoridad, la manipulación espiritual y relaciones sexuales consentidas o coercionadas con mujeres adultas en el ámbito de la dirección espiritual o el trabajo artístico. Aunque la Compañía de Jesús expulsó a Rupnik en junio de 2023 por “obstinada desobediencia” al negarse a acatar las restricciones impuestas y por la credibilidad de los abusos reportados, el código canónico histórico ha carecido de una tipificación penal automática y severa para el abuso cometido exclusivamente contra adultos vulnerables en comparación con la tolerancia cero establecida para los delitos contra menores.
La brecha entre el Derecho Canónico y la conciencia civil
Es en este punto donde la perspectiva de las víctimas y de los analistas eclesiales colisiona con el rigor de los procesalistas. Durante el debate en Descifrando a León, Inés San Martín, la experta en información vaticana, expresó con vehemencia la preocupación que genera en la opinión pública la posible resolución de este caso si se aplica de forma milimétrica la norma vigente:
“Un sacerdote que es encontrado culpable de abusar de un menor es removido del estado clerical. Pero abusar masivamente de mujeres no ha sido históricamente un motivo directo para que a uno lo remuevan del estado clerical en el código tradicional. Si el Vaticano dice que solo se juzga lo que permite el Derecho Canónico actual y los delitos civiles en Italia o Eslovenia ya prescribieron por el paso del tiempo, nos encontramos ante una situación alarmante. ¿Quién juzga el crimen real cometido contra estas mujeres? Queda la dolorosa sensación de que para una víctima adulta nunca habrá justicia real”.
La paradoja es evidente. Dado que los presuntos delitos ocurrieron hace años en territorio esloveno e italiano y no dentro de las fronteras físicas de la Ciudad del Vaticano, los tribunales civiles de dichos países no pueden actuar debido a las leyes de prescripción. Por su parte, la Iglesia no puede aplicar penas privativas de la libertad como si fuera un tribunal estatal en jurisdicción extranjera.
El diálogo en la mesa del podcast reflejó el dilema ético: si el Santo Padre utilizase su potestad como legislador supremo para saltarse los procedimientos establecidos y decretar una expulsión de manera extralegal, rompería las garantías procesales que todo sistema de justicia debe ofrecer al acusado. Sin embargo, si el tribunal decreta una sanción menor basándose en la rigidez de la norma escrita, la percepción social eclesial será la de un manto de impunidad o una tibia tibieza institucional.
La imperiosa necesidad de reformar la norma y comunicar con verdad
El debate en Descifrando a León dejó una conclusión clara: la crisis de Rupnik no es solo un dilema judicial, sino un enorme desafío de comunicación y de reforma legislativa. Aunque las modificaciones recientes al Libro VI del Código de Derecho Canónico han comenzado a tipificar con mayor claridad el abuso de poder y el abuso contra adultos vulnerables, la falta de retroactividad penal dificulta su aplicación a hechos ocurridos hace dos o tres décadas.
José Manuel De Urquidi planteó la relevancia central que tendrá la estrategia de comunicación vaticana cuando finalmente se dicte sentencia:
“Va a ser súper importante cómo se comunica esto. El Papa León ha dejado muy claro que respetará los procesos judiciales y la autonomía del tribunal. Pero el Vaticano necesita hacer un examen de conciencia sobre cómo se manejó todo este proceso desde el principio. La justicia para las víctimas debe ser prioritaria, y si la ley actual es insuficiente, debe iniciarse un proceso para repensar estas normas para el futuro”.
Javier Martínez-Brocal, el experto, coincidió en la necesidad de no prejuzgar el fallo final antes de que el Colegio de Jueces concluya su labor, recordando que todo sistema jurídico requiere garantías:
“La labor del juez es aplicar el código de derecho canónico vigente. No se puede hacer justicia por mano propia ni cambiar las reglas del juego a mitad del proceso. Habrá que esperar a la sentencia para ver qué medidas se imponen, pero la pedagogía con la que se explique el resultado será determinante”.
La resolución del caso Rupnik marcará un precedente ineludible para la Santa Sede. Más allá del dictamen formal, la Iglesia se enfrenta al reto de demostrar que las estructuras canónicas están al servicio de la verdad y de la protección de los más vulnerables, adaptando sus leyes para que ningún vacío legal deje desamparadas a quienes buscan reparación espiritual y humana.
Escucha el análisis completo
¿Qué implicaciones políticas y eclesiales tendrá la sentencia definitiva del caso Rupnik? ¿Cómo se están preparando los dicasterios vaticanos para afrontar el impacto mediático?
Escucha el debate completo y los detalles inéditos en el episodio de Descifrando a León, podcast de Juan Diego Network.